Crece la preocupación en el agro ante la posibilidad de que se prohíba o suspenda el uso del glifosato, uno de los pilares sobre los que se apoya la producción nacional
El campo está otra vez en alerta, y eso no es un dato menor. Si no se desactiva a tiempo, la bomba puede llegar a explotar y desparramar sus esquirlas por toda la agricultura y la economía nacional. Las consecuencias serían muy graves.
La producción retrocedería en el tiempo, quizás a más de 20 años de lo que es hoy. Después de la fallida resolución 125 de retenciones móviles, que buscaba apropiarse de una supuesta renta extraordinaria del agro, ahora hay una bomba que apunta directo al corazón del saber hacer de la producción agrícola. Esa bomba es la posibilidad de que se suspenda o prohíba el uso del herbicida glifosato, una de las patas de la mesa que hoy sustenta la producción sojera junto con el sistema de siembra directa y la oleaginosa transgénica resistente al agroquímico.
En el fondo, el glifosato va más allá de la soja. También se aplica antes de siembras de pasturas y verdeos en ganadería y tambo y también para los barbechos previos de otros tantos cultivos que se producen. De hecho, también se usa en producciones intensivas como vid y olivo. "El glifosato es usado en los 30 millones de hectáreas sembradas en la Argentina, en diferentes cultivos y en varios momentos del año, independientemente de la siembra directa. Incluso va mucho más allá de la soja", recordó Andrés Sylvestre Begnis, coordinador general de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid).
La mecha de la bomba la encendió la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa), que inició un recurso de amparo ante la Corte Suprema pidiendo la suspensión de la comercialización y aplicación del glifosato por 180 días, plazo que consideró necesario para que se expida sobre este producto la Comisión Nacional de Investigaciones, relacionada con el tratamiento y la contaminación ambiental por agroquímicos (ver aparte).
Entre otros argumentos, los abogados ambientalistas citaron en su recurso un trabajo del Laboratorio de Embriología Molecular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Facultad de Medicina de la UBA sobre los presuntos trastornos a la salud por el glifosato con pruebas sobre embriones de anfibios.
El Senasa y sectores de la provisión de insumos buscaron acceder a una copia de ese trabajo, sin éxito. Andrés Carrasco, investigador del Conicet y del mencionado laboratorio también se desempeña como funcionario de la ministra de Defensa, Nilda Garré, ya que es subsecretario de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Lo que está en juego
Son entre 160 y 180 millones los litros de glifosato que se usan en el país en un mercado de US$ 600 millones. De 200 marcas registradas, 10 pertenecen a la multinacional Monsanto.
En este contexto, LA NACION consultó a diversos especialistas sobre qué sucedería con la producción si se suspendiera o prohibiera el glifosato.
Rodolfo Rossi, presidente de la Asociación Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), sintetizó el impacto en los siguientes ocho puntos: aumento de costos para controlar malezas en el barbecho y en el cultivo (hay estimaciones de que subirían de 15 a 20%); vuelta a productos químicos con mayor toxicidad y de menor eficiencia de control; mayor acumulación de otros herbicidas en los suelos y en las aguas; drástica reducción en siembra directa; menor eficiencia en el almacenaje de agua; menor flexibilidad para la producción; pérdida de rendimiento en las variedades de soja convencionales y menor producción global.
"Salvando las distancias, para la gente común es como si se prohibiera la aspirina", comparó Rossi.
Pablo Spelanzón, un reconocido productor de la zona de Bragado, consideró que una eventual prohibición del glifosato significaría "prácticamente el fin de la siembra directa que tanto he pregonado". Según Spelanzón, esto es porque "no habría producto en el mercado que lo pueda reemplazar, y bajaría drásticamente la producción en valores alarmantes, cerca del 30/40%", según dijo el productor.
"Pensemos que la agricultura en siembra directa ocupa un área del 70 a 80% y el productor perdería la gimnasia que tenía y tiene con esta técnica. Así los productores se volcarían a una agricultura convencional (labranzas)", señaló Spelanzón, que añadió: "Atrasaríamos 15 a 20 años".
Desde Aapresid, Sylvestre Begnis opinó qué ocurriría con la siembra directa, que hoy se hace en más de 20 millones de hectáreas. "Caería la adopción pero la directa no es dependiente del glifosato, así que dependería de la decisión agroempresarial de cada productor", precisó.
El tándem soja transgénica-glifosato permitió el control de malezas difícil (como el sorgo de Alepo) y abrió el camino para la siembra de otros cultivos en campos que antes eran de difícil siembra por las malezas.
Esta semana, Guillermo Cal, director de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que difundió un comunicado recordando estudios que avalan el glifosato y su bajo riesgo, incluso del Senasa, también coincidió en que sin el herbicida los rindes bajarían 30/40 por ciento.
Guillermo Villagra, productor, subrayó el efecto negativo de una prohibición. "Creo que los rindes bajarían un 50%. Se volvería a la labranza convencional, lo cual traería aparejado erosión hídrica y eólica, que gracias a la siembra directa y al glifosato veníamos controlando. Sería como retroceder 15 años. Si este año se producirán 35 millones de toneladas de soja por la sequía, si no se utilizara glifosato sería de 20 millones de toneladas", afirmó.
La producción retrocedería en el tiempo, quizás a más de 20 años de lo que es hoy. Después de la fallida resolución 125 de retenciones móviles, que buscaba apropiarse de una supuesta renta extraordinaria del agro, ahora hay una bomba que apunta directo al corazón del saber hacer de la producción agrícola. Esa bomba es la posibilidad de que se suspenda o prohíba el uso del herbicida glifosato, una de las patas de la mesa que hoy sustenta la producción sojera junto con el sistema de siembra directa y la oleaginosa transgénica resistente al agroquímico.
En el fondo, el glifosato va más allá de la soja. También se aplica antes de siembras de pasturas y verdeos en ganadería y tambo y también para los barbechos previos de otros tantos cultivos que se producen. De hecho, también se usa en producciones intensivas como vid y olivo. "El glifosato es usado en los 30 millones de hectáreas sembradas en la Argentina, en diferentes cultivos y en varios momentos del año, independientemente de la siembra directa. Incluso va mucho más allá de la soja", recordó Andrés Sylvestre Begnis, coordinador general de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid).
La mecha de la bomba la encendió la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa), que inició un recurso de amparo ante la Corte Suprema pidiendo la suspensión de la comercialización y aplicación del glifosato por 180 días, plazo que consideró necesario para que se expida sobre este producto la Comisión Nacional de Investigaciones, relacionada con el tratamiento y la contaminación ambiental por agroquímicos (ver aparte).
Entre otros argumentos, los abogados ambientalistas citaron en su recurso un trabajo del Laboratorio de Embriología Molecular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Facultad de Medicina de la UBA sobre los presuntos trastornos a la salud por el glifosato con pruebas sobre embriones de anfibios.
El Senasa y sectores de la provisión de insumos buscaron acceder a una copia de ese trabajo, sin éxito. Andrés Carrasco, investigador del Conicet y del mencionado laboratorio también se desempeña como funcionario de la ministra de Defensa, Nilda Garré, ya que es subsecretario de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Lo que está en juego
Son entre 160 y 180 millones los litros de glifosato que se usan en el país en un mercado de US$ 600 millones. De 200 marcas registradas, 10 pertenecen a la multinacional Monsanto.
En este contexto, LA NACION consultó a diversos especialistas sobre qué sucedería con la producción si se suspendiera o prohibiera el glifosato.
Rodolfo Rossi, presidente de la Asociación Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), sintetizó el impacto en los siguientes ocho puntos: aumento de costos para controlar malezas en el barbecho y en el cultivo (hay estimaciones de que subirían de 15 a 20%); vuelta a productos químicos con mayor toxicidad y de menor eficiencia de control; mayor acumulación de otros herbicidas en los suelos y en las aguas; drástica reducción en siembra directa; menor eficiencia en el almacenaje de agua; menor flexibilidad para la producción; pérdida de rendimiento en las variedades de soja convencionales y menor producción global.
"Salvando las distancias, para la gente común es como si se prohibiera la aspirina", comparó Rossi.
Pablo Spelanzón, un reconocido productor de la zona de Bragado, consideró que una eventual prohibición del glifosato significaría "prácticamente el fin de la siembra directa que tanto he pregonado". Según Spelanzón, esto es porque "no habría producto en el mercado que lo pueda reemplazar, y bajaría drásticamente la producción en valores alarmantes, cerca del 30/40%", según dijo el productor.
"Pensemos que la agricultura en siembra directa ocupa un área del 70 a 80% y el productor perdería la gimnasia que tenía y tiene con esta técnica. Así los productores se volcarían a una agricultura convencional (labranzas)", señaló Spelanzón, que añadió: "Atrasaríamos 15 a 20 años".
Desde Aapresid, Sylvestre Begnis opinó qué ocurriría con la siembra directa, que hoy se hace en más de 20 millones de hectáreas. "Caería la adopción pero la directa no es dependiente del glifosato, así que dependería de la decisión agroempresarial de cada productor", precisó.
El tándem soja transgénica-glifosato permitió el control de malezas difícil (como el sorgo de Alepo) y abrió el camino para la siembra de otros cultivos en campos que antes eran de difícil siembra por las malezas.
Esta semana, Guillermo Cal, director de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que difundió un comunicado recordando estudios que avalan el glifosato y su bajo riesgo, incluso del Senasa, también coincidió en que sin el herbicida los rindes bajarían 30/40 por ciento.
Guillermo Villagra, productor, subrayó el efecto negativo de una prohibición. "Creo que los rindes bajarían un 50%. Se volvería a la labranza convencional, lo cual traería aparejado erosión hídrica y eólica, que gracias a la siembra directa y al glifosato veníamos controlando. Sería como retroceder 15 años. Si este año se producirán 35 millones de toneladas de soja por la sequía, si no se utilizara glifosato sería de 20 millones de toneladas", afirmó.
Por Fernando Bertello LA NACION
