Lograron destruir el Censo Nacional Agropecuario

Por torpezas increíbles y manipulación política se pierde una herramienta imprescindible para conocer la realidad del campo y orientar medidas estratégicas para el sector.

Por: Osvaldo Barsky
Fuente: SOCIOLOGO, INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL CONICET


En estos días la opinión pública recibió información periodística señalando que el Censo Nacional Agropecuario de 2008 arrojaba resultados que, al compararlos con los del 2002, mostraban la desaparición de unas 60.000 unidades agropecuarias en el país en este período. Apoyados en este dato se han esbozado diversas explicaciones del fenómeno, sin advertir que se basa en información no válida.

Ya el 18 de agosto de 2008, en este mismo espacio, habíamos señalado que la opinión pública había centrado su mirada en la falsificación del índice inflacionario por el INDEC y mucho menos atención había merecido un proceso tan grave como el anterior, como ha sido la no publicación de las encuestas nacionales agropecuarias relevadas en los últimos años, así como la caótica implementación del Censo Agropecuario de 2008.

En relación al Censo hay que tener en cuenta que los mismos se planifican para estar recabando la información en el campo durante dos meses (centrando en agosto/septiembre) y se completan en dos meses más con la información que se termina de completar en los centros urbanos. En este caso asistimos al disparate de un Censo que iniciado el 2 de junio de 2008 se encuentra en proceso de ejecución, anunciándose su cierre para el 30 de septiembre de este año. Es decir que los censistas recabaron información de la campaña 2007/2008 antes de que ésta concluyese, de toda la de 2008/2009 y actualmente lo siguen haciendo de la de 2009/2010. Argentina entrará así en el libro récord de los Guinness con el censo más prolongado de la historia.

Un censo es necesariamente una fotografía simultánea en un período temporal muy acotado. No respetar este procedimiento hace imposible consolidar información agregada nacional sobre los elementos que se mueven (ganados, maquinaria agrícola) y por supuesto tampoco se pueden sumar siembra y cosechas de los mismos productos correspondientes a campañas diferentes, utilización de insumos, servicios de labores y demás componentes de la información censal. Es decir, el operativo censal como tal ha fracasado, si además se piensa que todavía no se ha realizado en gran parte de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y Río Negro.

Respecto a la información publicada por el INDEC que ha dado lugar a la confusión sobre el número de explotaciones, la misma aclara que está destinada nada más que a exponer su cobertura territorial y el número de explotaciones censadas hasta el 24 de agosto de este año. Y agrega que hay 24 millones de hectáreas barridas y no censadas, a raíz de estar en lugares no ubicados por los censistas en otros lugares (intraprovinciales y extraprovinciales, 10 millones), de productores ausentes o que se negaron a contestar (10 millones) y otros 4 millones donde los censistas no pudieron determinar si eran o no de uso agropecuario.

Por lo tanto no se sabe cuántas explotaciones hay dentro de estas 24 millones de hectáreas no censadas, por lo que no podemos saber si hay efectivamente menos unidades y, si ello es así, en qué magnitud. Haciendo una mera estimación como si la superficie fuera igual a la del Censo del 2002 y distribuyendo la misma en base a la magnitud provincial promedio del 2008 hasta ahora relevada, los números indican una cantidad de explotaciones relativamente similares a las del Censo del 2002. Pero en realidad tampoco esto es válido, porque al no estar terminado el trabajo de campo no sabemos cuánto es la superficie total de las explotaciones agropecuarias.

¿Cómo se llegó a semejante disparate? Debemos recordar que, tal como señaláramos oportunamente, estos procedimientos fueron realizados desplazando a los funcionarios responsables del análisis del sector agropecuario, varios de ellos de un gran reconocimiento nacional e internacional, por colaboradores de segundo nivel o por nuevo personal inexperto en el desarrollo de actividades censales de extrema complejidad conceptual que requieren de una larga experiencia institucional y una aceitada práctica en su instrumentación.

Para apurar la realización del Censo se duplicaron los segmentos censales, lo que forzó la contratación de una gran cantidad de censistas de insuficiente formación como para intervenir en un censo de estas características, dado que en el agro una segmentación muy atomizada dificulta la recomposición espacial de las unidades de explotación e incrementa la posibilidad de productores que no residan en el segmento visitado.

Esta situación fue diseñada por la nueva dirección del organismo con fines esencialmente fiscales y en búsqueda de información inmediata para instrumentar políticas directas en relación al conflicto gubernamental con los productores agropecuarios.

Objetivos que nada tienen que ver con la construcción estructural de la información censal y junto a una manifiesta incapacidad en la gestión privan al país de una información imprescindible.

Se ha perdido, además de una inversión de decenas de millones de pesos que costó el operativo censal, una herramienta imprescindible para el estudio de nuestra realidad agropecuaria y el diseño de políticas estratégicas hacia este sector.


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