domingo, 13 de julio de 2008

La reunión no fue negativa


Por Mario Wainfeld


Tantas veces se vio a los dirigentes de la Mesa de Enlace retirarse con gesto agrio de alguna oficina oficial que sus declaraciones medidas de ayer sonaron como exorbitantes loas al nuevo secretario de Agricultura, así fuera por contraste. Todos, aun el hosco Mario Llambías, elogiaron con bastante despliegue a Carlos Cheppi, a quien reconocieron condiciones técnicas. A su equipo lo tildaron de “homogéneo”, a título de alabanza.
La reunión también fue adjetivada con cautela, pero a favor. “Oportuna”, calificó el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi. “Positiva”, agregó Carlos Garetto por Coninagro.
Según la narrativa agropecuaria se recorrieron muchos temas, se habilitó una instancia permanente de diálogo, se reconocieron urgencias en economías regionales. La traducción, que también surgió de voces oficiales, es que la reunión fue, ejem, productiva. Desde luego, no se asistió a un cierre de época ni siquiera al de las conflagraciones, pero las dos partes acordaron (cuanto menos tácitamente) propalar señales de que se transita un estadio diferente.
Los ruralistas llegaron agrandados al convite tras la derogación de la Resolución 125, más allá de los realineamientos internos hijos de la contienda. Alfredo De Angeli (el autoconvocado que milita en la FA) copó la fiesta en la Sociedad Rural, hasta micrófono le dieron. Buzzi prefirió no estar, en razón de un tratamiento ineludible que pudo abandonar horas después. La interna de la FA tiene un ganador flagrante en la calle y en los medios, el Melli entrerriano, ese luchador binorma que brega por la pureza medioambiental y por el cultivo indiscriminado de soja al mismo tiempo. Claro que en cualquier corporación que aglutina varias entidades satélites (y sin voto directo de los afiliados), la popularidad avasallante no asegura la victoria, pero las gentes de Buzzi miden con cuidado cada una de las escenas públicas de un contendiente que les sirvió de mucho en los cortes y en los medios, pero que ahora va por ellos.
El Gobierno llegó golpeado, por el rechazo en el Senado, por los errores que lo antecedieron, por la sangría de funcionarios de primer rango que sufrió y por el desgranamiento de aliados que tuvo como frutilla el voto de Julio César Cleto Cobos.
- - -
Cleto admiró a Cleto: Cobos tuvo ayer una pizquita de mala suerte, en medio de las semanas más felices de su existencia. Su “inesperada” visita a la Rural, que estaba pautada hace tres días con Luciano Miguens y Hugo Biolcati, iba a encontrarlo en ejercicio de la presidencia de la Nación. El viaje de Cristina Fernández de Kirchner a Bolivia, decidido de arrebato el lunes, le habilitaba esa perspectiva excitante. Hubiera sido el segundo (sí que atípico y temporario) presidente de un gobierno peronista en asistir a esa catedral de la derecha argentina; el anterior fue Carlos Menem. No podía haber sido otro: Juan Domingo Perón, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner le hurtaron el cuerpo a ese escenario hostil. La novedad sería que el correligionario-compañero presidente por un día hubiera sido vitoreado, mientras se fotografiaba al lado del toro Cleto, famoso por sus atributos genitales.
Pero, paradojas te da la vida, la violencia de la derecha boliviana forzó la anulación del viaje presidencial y le birló un dulce al vicepresidente, cuya obsesión por empardar (o eclipsar) a la titular del Ejecutivo no es una novedad histórica. Quienes ocupan ese cargo suelen tener berretines de figurar. Carlos Ruckauf se instalaba y recibía visitas en el despacho de Menem, que rabiaba por esa mudanza arribista. Daniel Scioli, más contenido, no se privaba de otorgar audiencias y hasta cartas credenciales a embajadores. Cobos hubiera batido esas módicas marcas entrando en triunfo al predio que, en un pase de fulleros, fue escamoteado al patrimonio estatal y entregado por monedas a una entidad privada. Igual la pasó bomba, practicando un deporte al que se ha hecho afecto: ostentar sorpresa por la presencia de periodistas en los hechos mediáticos que tenazmente promueve.
- - -
La doble negación: La noticia del día podría cifrarse así: la reunión no fue negativa. Parece una hipérbole subrayar tan poco, pero es bastante si se recuerdan tantos encuentros que terminaron fatal, incluyendo el prodigio de las dos conferencias de prensa que desmentían al otro o la tentativa de asilo de los líderes del “campo” en el Salón de los Cuadros.
Las entidades sectoriales remozaron todos sus pliegos de reclamos y no hicieron ninguna oferta de mejora o aporte. Es la lógica gremial, despotricar es un modo inútil de contrapesarla. Lo que es más eficaz, sí que más trabajoso (máxime para el oficialismo), es articular esas demandas con otros sectores y otros gobiernos.
La patética saga de tentativas bilaterales entre ministros o secretarios y la Mesa de Enlace adoctrina: esa vía tiene topes muy estrechos. Retomar el contacto era un paso tan necesario como incompleto. Lo que falta de acá en más es lo que brilló por su ausencia durante meses: espacios colegiados que sumen a la mesa interlocutores variados.
Por años el kirchnerismo prefirió el método radial, en su organización interna y en su esquema para gobernar. Las circunstancias pusieron en crisis el sistema, que debe ser reemplazado por acciones más consensuales y de más consistencia institucional.
A partir de la derogación de la Resolución 125, Cristina Fernández de Kirchner ha regado gestos de apertura por aquí y allá: desde la remisión al Congreso de dos temas esenciales, hasta las dos conferencias de prensa (la de ayer fue en formato micro), pasando por la reapertura de los paliques con la Mesa de Enlace. El Consejo Federal Agropecuario, una instancia institucional vigente, podría conformar (de pálpito) una “mesa” que congregara representaciones sectoriales y políticas plurales, un avance en un sentido racional y democrático.
Con todos los actores comprometidos, el Estado podría también reponer sus demandas: el aporte fiscal del sector debe ser consonante con las necesidades nacionales y provinciales. Más de cuatro gobernadores acordarían en buscar mejor recaudación si participan en los ingresos, un “detalle” olvidado el 11 de marzo que le costó horrores al oficialismo.
No es una tarea simple, pero no es imposible puesto que no atravesamos un escenario de carestía o de suma cero. Los precedentes inducen al pesimismo sobre las secuelas de la reunión “no negativa”. Sirve de modesto aliciente la subsistencia de algunos comunes denominadores. Básicamente, la necesidad de pensar una política agropecuaria que trascienda el corto plazo, la de resolver problemas reconocidos desde ambos extremos de la mesa y la de ir articulando con gobiernos provinciales deberían implicarse en una etapa que nace signada por la confrontación precedente, por las dificultades del oficialismo para establecer espacios de diálogo y negociación. Y también por el envanecimiento de los ruralistas, patentizado en la inauguración de la Exposición Rural que tuvo aroma y sabor de vuelta olímpica.





Cada vez más productores alquilan a pools de siembra

Sábado 26 de julio de 2008

Eduardo Quinzio ha tomado una decisión que quizá nunca hubiera querido. Autodefinido como un pequeño productor, le alquiló parte de su campo a un pool de siembra. Definitivamente, no le hizo caso a la presidenta Cristina Kirchner, que en pleno conflicto con el campo demonizó a los pools por su modelo supuestamente de concentración de la tierra.
El no sólo es la prueba de los efectos contrarios que ha logrado la política en materia agropecuaria hasta el momento, sino que corporiza también otra batalla que el campo ya comenzó a dar tras la derogación de las retenciones móviles: el tratamiento diferenciado de las retenciones para el segmento de los pequeños y medianos productores.
Lo que está ocurriendo en la Argentina es sintomático: según diversas estimaciones que circulan en el sector, todos los años unos 1500 productores pasan a ser rentistas con parte o toda de su explotación alquilando a otros productores más grandes o pools.
"Las retenciones no tienen en cuenta las diferentes zonas, la situación (por la escala) y le sacan lo mismo a alguien que puede sacar 2000 o 4000 kilos de rendimiento cuando los insumos cuestan lo mismo", señala Quinzio. "Me hubiera gustado seguir produciendo yo; esto no es lo ideal, pero los pequeños productores dejamos de ser viables. Acá el 60% de los campos está arrendado por pools de siembra", dice a LA NACION este hombre que lleva 45 años como productor en la zona de Oriente, en el sur bonaerense.
Son 200 las hectáreas que le alquiló a un pool que maneja 10.000 hectáreas en toda la región. Otras 200 hectáreas que posee también podrían seguir el mismo camino el próximo año, pero todo va a depender de las próximas señales del Gobierno. Algo de esperanza tiene hoy tras la marcha atrás de las retenciones móviles. "Ante tanta incertidumbre, uno se siente un poco más animado y hay alguna esperanza más, pero habrá que ver", precisó.
De paso anticipa que irá vendiendo de a poco la cosecha que todavía no comercializó; le quedan unas 120 toneladas de trigo. "Se van a ir normalizando las operaciones", anticipa. Con todo, con el pool ya en su campo habla de lo que le toca vivir hoy. "El pool tiene otras ventajas que yo no", subraya.
Los pools, que pueden ser desde un grupo de ingenieros agrónomos del Interior metido en el negocio de la siembra con la plata de otros inversores y profesionales hasta megaempresas que arriendan grandes superficies, corren efectivamente con unos cuantos cuerpos de ventajas. Tienen plata fresca de sus inversores todos los años, diversifican miles de hectáreas en diferentes zonas, lo que les permite bajar riesgos, y con el poder de la escala que manejan pueden negociar mejores precios para los insumos y los servicios que contratan.
"Hoy mi decisión tiene que ver con la falta de previsibilidad. La razón fundamental de esto es económica", explica
Los números con los cuales se manejó para definir su decisión son elocuentes. Si el produjera y le fuera bien en la cosecha después de haber invertido y asumido todos los riesgos, en el bolsillo le podrían quedar unos 100 dólares por hectárea en esa zona. En cambio, el pool le paga 150 dólares. Al margen de haberle alquilado al pool, también le proveerá el servicio de siembra y cosecha para tener otro ingreso. Como otros productores, él también está preocupado por la escalada de los costos, que impactan más en los pequeños productores. El año pasado a Quinzio le salía 400 dólares la tonelada del fosfato diamónico, contra US$ 1500 de ahora. "Si yo pierdo una cosecha, me va mal, mientras el pool tiene otra economía", señaló.

Adiós a las vacas

Quinzio ha tomado el camino de alquilarle a un pool. Pero hace unos años ya había tomado también otra decisión, en este caso con las vacas: dejó de ser productor ganadero. Era ganadero y hacía ciclo completo desde la cría hasta el engorde. Otra vez la política oficial lo sacó de la cancha. "Me hubiera gustado seguir con la ganadería", repite hoy. De ahora en más, sus próximos pasos los va a dar siguiendo de cerca la política oficial. No quiere perder más. En su campo el Gobierno ya logró el efecto contrario que supuestamente quería evitar con su política.

Por Fernando Bertello De la Redacción de LA NACION

Los diez mandamientos

En la parte inicial del documento del INTA, que su titular, Carlos Cheppi, le entregó a la presidenta Fernández, se proponen diez lineamientos principales para el desarrollo de una política agropecuaria integral. Sobre esas bases se preparó todo el proyecto. Los diez ítem son los siguientes:

1 Optimizar el efecto de las retenciones sobre el agro y su rol como generador de divisas para el conjunto de la economía.

2 Promover la agroindustria en general según criterios específicos de generación de divisas, de empleo y de valor agregado.

3 Asegurar que el desarrollo de los biocombustibles sea funcional al interés nacional, sectorial y de las economías regionales.

4 Promover la diversificación de las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras, mejorando los índices productivos y la transformación de granos en carnes y leche.

5 Medidas y acciones para regular el impacto de la creciente modalidad de producción por arrendamiento en el proceso de agriculturizacion del sector.

6 Dotar al desarrollo de un ordenamiento territorial y una infraesturucutra física acorde con la expansión y multifuncionalidad del sector en un contexto de acción publico-privada definida como la administración del desarrollo sostenible.

7 Incrementar las acciones orientadas a la preservación de la fertilidad de los suelos, la dotación de nutrientes, y la calidad de las aguas.

8 Fortalecer la institucionalidad agropecuaria adaptando su operatoria y accionar al nuevo rol del estado y a los desafíos que plantea el nuevo contexto productivo, dotando de gobernabilidad al proceso y manteniendo los postulados del proyecto de gobierno.

9 Intensificar y focalizar políticas de predistribución intrasectorial de la renta agropecuaria.

10 Minimizar el conflicto comer-exportar asegurando el acceso y la disponibilidad de productos para el mercado local a precios asequibles y con ingresos adecuados para los actores.



http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/108211-34158-2008-07-21.html

Derogación

Día 129: El agro puso fin a la Guerra Gaucha y va por un plan agrario

El presidente de la SRA, Luciano Miguens, calificó la derogación como "sumamente positiva" y dijo que representa "el fin del conflicto". Eduardo Buzzi, el líder de Federación Agraria, también saludó la decisión presidencial, aunque opinó que "hay que profundizarla con compensaciones para los productores más chicos". Llambías, de CRA, pidió continuar el diálogo.

Después de protestar por 129, el sector agropecuario festejó. El Gobierno cedió ante su reclamo y dejó “sin efecto” la resolución 125/08 del Ministerio de Economía de la Nación, que aumentó e hizo móviles las retenciones a las exportaciones de granos.“Si la derogación existe, significa el fin del conflicto”, declaró el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens, quien agregó que “después de una resistencia tan grande del Poder Ejecutivo, fue necesario el rechazo del senado, y ahora el rechazo definitivo”. Con este anuncio oficial, que ayer habían reclamado nuevamente las entidades del sector agropecuario, el motivo que encendió la Guerra Gaucha se desvanece y el campo espera que se abra una nueva etapa que permita discutir políticas más profundas."Es una buena noticia en principio, se cumplió con el mensaje que mandó el Congreso de la Nación", consideró el titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, quien destacó que "hace falta más (...) hay que profundizarla con compensaciones para los productores más chicos".Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), su titular, Mario Llambías, consideró que "es lo que nos merecemos después de tantos meses de angustia e irracionalidad", y confió en que esta decisión presidencial no reemplace el diálogo que el campo espera retomar con el Gobierno, "para seguir analizando la necesidad de implementar una política agropecuaria nacional".

http://www.criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=7646

Pese a todo, se sembrará más soja que nunca.



El yuyito sigue presentando batalla: otra vez habrá en el país una siembra récord de soja, pese a la batalla que el Gobierno lanzó contra ella mediante el nuevo esquema de retenciones móviles.
Lejos de retroceder, la oleaginosa podría ocupar este año hasta 900.000 hectáreas más que en la campaña 2007/2008. Hay estimaciones según las cuales la soja, cuya siembra comenzará dentro de dos meses y medio, cubrirá unos 17,6 millones de hectáreas.
Así, la diversificación productiva que pregona el Gobierno (la desojización) deberá esperar, porque la oleaginosa seguirá reinando en más de la mitad del área agrícola argentina. Se prevé que, a valores actuales, las exportaciones de la soja representarán 26.990 millones de dólares, con una recaudación para el Estado por retenciones de casi 10.000 millones de dólares.
Pese a que con el nuevo esquema de derechos de exportación sembrar soja significa dejar literalmente en manos del Estado la mitad de la producción, la oleaginosa corre con ventajas sobre otros cultivos con los cuales compite, como el caso del maíz. Es un cultivo "políticamente menos riesgoso a la intervención", al exportarse en más de un 90%, y por su costo resulta más barato.
Encima, la soja quedó dentro del régimen de compensaciones para los pequeños productores que dispuso el Gobierno, algo que ni siquiera se consideró para su competidor.
Se estima que la soja podría sumar hectáreas que por la sequía no se sembraron con trigo y también les quitaría superficie al maíz y a los tambos. "De mantenerse la actual situación, o con leves modificaciones, el área de soja va a crecer como consecuencia de que el productor va a sembrar lo que demande menos inversión. Pensar en 900.000 hectáreas más de soja es un cálculo probable, con unos 17,6 millones de hectáreas", expresó Rodolfo Rossi, presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja).
Hace 23 años, en la Argentina se sembraban con soja algo más de 6 millones de hectáreas. Respecto de igual fecha del año pasado, el precio interno de la soja aumentó un 46,7%. Por su parte, el maíz subió un 50% su cotización, pero con las nuevas retenciones se convirtió en uno de los más afectados, ya que en los últimos meses sus derechos de exportación también aumentaron casi un 50% (hoy rondan el 35%).
El presidente de Acsoja no es el único que espera un crecimiento. Productores y especialistas también. "Por el impacto negativo de la última normativa sobre los granos forrajeros, en especial el maíz, se estima que la soja puede alcanzar un nuevo récord", afirmó Gustavo López, consultor de Agritrend.
Para López habrá como mínimo 500.000 hectáreas más con soja. "Dependerá del nivel tecnológico que se aplique, pero de los 48 millones de toneladas producidas este año no se descarta que puedan alcanzarse los 50 millones de toneladas", añadió López.
Se estima que con la situación actual las exportaciones de soja representarían, a valores internacionales, US$ 26.990 millones, con una recaudación para el Estado por retenciones de casi US$ 10.000 millones. Con todo, éstos no son números definitivos, ya que fluctúan por los precios y las alícuotas.
Pablo Adreani, de AgriPac Consultores, también espera una producción de 50 millones de toneladas. Un dato no menor es que los productores todavía tienen sin vender, guardados en el campo o en acopios, entre 25 y 27 millones de toneladas de soja.
Menos riesgo
"La soja es un cultivo menos riesgoso, política y agronómicamente, que el maíz y, además, es menos costoso, pero más rentable", comentó Ricardo Baccarin, vicepresidente de la corredora Panagrícola.
Lo que dice Baccarin se puede observar en varios aspectos concretos. Mientras una bolsa de semillas de maíz de alta tecnología vale US$ 140 dólares, una bolsa de soja (40 kilos) de primer nivel cuesta US$ 25; para hacer una hectárea de soja se llevan dos bolsas, con lo cual en total hay que hablar de US$ 50. Esto siempre que el productor compre la semilla y no use la que guardó de la cosecha. "Además, mientras producir una hectárea de maíz lleva US$ 275 de fertilizantes, una de soja lleva US$ 123", dijo Guillermo Aiello, contador de una firma semillera.
En total, en campo propio en la zona núcleo implantar una hectárea de soja cuesta US$ 386, contra US$ 550 de maíz. "El argumento de combatir la sojización fue una mentira", concluyó Aiello.


Por Fernando Bertello

De la Redacción de LA NACION

El tiro por la culata



La incertidumbre que generan los nuevos márgenes agrícolas llevará a que muchos productores decidan alquilar sus campos, con lo que aumentará la oferta de tierra.En una coyuntura de ajuste en el valor de los arrendamientos, los “pools” y las grandes empresas dispondrán de más condiciones para mantener su expansión.


En su afán por armar una ley a medida de la resolución 125, el Gobierno ha convertido al Congreso en un gran taller de prueba y error. Con la particularidad de que los cambios que introduce lejos están de corregir la principal equivocación que perciben los productores. Todo lo contrario. Siguen sin atenuar la magnitud de curva que determina la evolución de las retenciones y que le pone un techo al precio de los granos. Pero en su obligación por tener que introducirle modificaciones, el Gobierno también cayó en su propia incongruencia. Es que la versión ampliada del proyecto aprobado en Diputados se da de bruces contra los objetivos oficiales que el 11 de marzo justificaron la existencia de la polémica medida: combatir a los pools de siembra y reducir lo que sus precursores dieron en llamar el proceso de "sojización". Más tierra para alquilar. Tal como está concebida, la pieza legislativa tiene todos los componentes para favorecer a la concentración de tierra y ratificar a la soja como "el cultivo" nacional. En un escenario de costos de producción crecientes y precios planchados, por acción de la movilidad del impuesto, muchos propietarios de establecimientos medianos –entre 400 y 800 hectáreas– no descartan la alternativa de retirarse de la agricultura y alquilar sus establecimientos. Con esta decisión, a la oferta ya existente de tierra (campos chicos y grandes) se le sumará la disponibilidad de una nueva escala. En esta campaña, cuando por la acción de los menores márgenes agrícolas baje el valor de los arrendamientos, los pools, fideicomisos y grandes empresas dispondrán de las condiciones para mantener su estrategia de expansión. Un ejemplo de que el actual marco legal no protege a los pequeños productores, como aseguran desde el Gobierno. Soja, la primera opción. La idea de insistir con las compensaciones como mecanismo para beneficiar a los productores medianos que produzcan hasta 1.500 toneladas de soja o girasol, también se queda a mitad de camino. Son requisitos ineludibles que el productor sea propietario de su establecimiento y "declare bajo juramento que el tonelaje efectivamente producido y comercializado no supere las 1.500 toneladas" con ambos cultivos. Más allá de las dificultades para encuadrar dentro de las exigencias, el sistema de reintegros deja de lado al maíz y al trigo, dos cultivos estratégicos dentro de la rotación agrícola sustentable. Excluidos ambos cereales de los incentivos, la oleaginosa sigue acumulando preferencias. Con una caída en la superficie con trigo en la provincia de más de 20 por ciento, el lugar que no ocuparán las espigas lo va a aprovechar la soja de primera implantación. Cereales postergados. Productores y asesores indican que la falta de estímulos a los cultivos de trigo y de maíz desnivelará la balanza agrícola. Para colmo, la decisión inicial del 11 de marzo de reducir el valor de las retenciones para ambos cereales fue neutralizada por la suba de sus costos, por el precio FOB del maíz y por la intervención del Gobierno en el mercado triguero. Hoy el maíz, además de soportar un aumento en el gasto directo del 60 por ciento tributa una retención del 33 por ciento, muy por encima de los 24,2 por ciento que había anunciado el Gobierno hace tres meses. En el caso del trigo, la situación no es muy diferente. El costo del cereal se encareció hasta 120 por ciento en la zona núcleo y no hay perspectiva de precio a cosecha, debido a que el Gobierno mantiene cerrada la exportación. Sólo por esta circunstancia su retención es hoy más baja que el 11 de marzo (26,8 por ciento contra 27,2 por ciento con el que hizo su debut la resolución 125). Mientras los productores hacen los números para ver cómo van a encarar la siembra de granos gruesos, se suman voces críticas a los cambios introducidos por Diputados en el proyecto oficial. La Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), entidad que agrupa a los productores de punta y que cultiva un bajo perfil de exposición pública, se expresó sobre la nocividad de sus efectos. Sostiene que además de disminuir los precios de los granos, aumentará el riesgo del negocio agrícola, provocará ventas masivas en plena cosecha y le quitará recursos al interior.


La Voz del Interior

Alquilando Campos

Estado contradictorio: alquila campos militares a los gigantes sojeros como Grobocopatel y Soros

Apenas el primer chacarero salió a las rutas, allá por marzo, la presidenta Cristina Kirchner se aferró a su argumento: el aumento de las retenciones móviles no respondía –según dijo– al deseo de seguir engordando la recaudación fiscal, sino que tenía el espíritu de modificar la matriz agrícola y frenar la “sojización” del campo para defender la mesa de los argentinos. Cristina repitió esta idea en la Casa Rosada, en Parque Norte y por cadena nacional. La soja se convirtió en el enemigo público número uno para el Gobierno. Pero la mandataria se olvidó de un detalle que parece incongruente con esa idea: en los últimos años, el Estado ha arrendado a productores privados miles de hectáreas pertenecientes a las Fuerzas Armadas, especialmente al Ejército Argentino, para la siembra y cosecha de este “yuyo” tan maltratado por toda la administración nacional. Desde que se desató la batalla por las retenciones, el Gobierno apeló como argumento para su política la necesidad de frenar la “sojización” del campo. Sin embargo, el Estado ha arrendado grandes extensiones pertenecientes a las Fuerzas Armadas, en su mayoría al Ejército. Muchas de ellas fueron alquiladas a grandes empresas agropecuarias, como los grupos Grobocopatel y Cresud, este último perteneciente al multimillonario George Soros. Además hay predios de aeródromos de la Aeronáutica que son destinados al mismo fin. La vinculación entre los militares y la actividad rural se extiende también a la ganadería.

Si fuera un campito, un terreno perdido, podría pensarse en la casualidad, en un descuido, e incluso en algún hecho de corrupción regional. Pero como se trata de miles de hectáreas repartidas entre varias provincias, en las mejores zonas agrícolas del país, aparece como una práctica habitual y extendida que se realiza dentro de los marcos legales por decisión del Estado, y no por desidia. Así, en Córdoba, en Entre Ríos y en Buenos Aires los patios del Estado nacional están alfombrados en su mayoría con soja.
En el Ministerio de Defensa no supieron decir de cuántas hectáreas en total se trata. Lo cierto es que en 2004 se destinaron 8.880 hectáreas pertenecientes al Ejército para el cultivo exclusivo de soja o para cultivos mixtos, de trigo y soja o fina y soja. En 2005 esa cifra fue de 4.290 hectáreas, en 2006 ascendió a 5.251 hectáreas y el año pasado 6.683 hectáreas fueron alquiladas con el mismo fin. En todos los casos, quien elaboró los pliegos de licitación de esas tierras fue el Estado nacional, y en ninguno de ellos se mencionan las propiedades dañinas de la soja que la Presidenta ha repetido desde distintos atriles. Y en 2008 –según informaciones de la Federación Agraria– la cifra ronda las 8 mil hectáreas, repartidas entre cultivos de soja y mixtos.
La Remonta. En la localidad de General Ordóñez, en el corazón sojero de la provincia de Córdoba, todo el mundo sabe lo que es “el campo de La Remonta”. Su nombre real es “Haras General Paz”. Y son 12.300 hectáreas pertenecientes al Comando de Remonta y Veterinaria del Ejército Argentino, ubicadas sobre la ruta provincial 6, a 200 kilómetros de la Ciudad de Córdoba, cerca de Bell Ville, uno de los bastiones más fuertes del sector agrícola.
Durante años, esas tierras se usaron como terreno para ganado o como unidades agrícolas para productores locales. Pero desde la devaluación y la explosión del consumo de soja, valen oro, y el Gobierno lo sabe. Por eso ha dispuesto que año tras año se arrienden distintas parcelas, y si se hace un detalle de los pliegos de licitación, queda claro que la mayoría de los terrenos se destinan a la siembra y cosecha de soja.
Otro capítulo tiene que ver con los beneficiarios de este sistema. Aunque los llamados a licitación suelen aparecer publicados en los medios locales, no son exactamente los productores de la zona los que se han llevado la mejor parte a la hora de pelear por los terrenos. Pese a que “La Remonta” tiene un área de casi 10 mil hectáreas que son aptas para la siembra, sólo hay un productor auténtico de la zona que posee 193 hectáreas, el resto ha estado en los últimos años en manos de grandes pools y fondos fiduciarios.
“Los grandes productores hacen ofertas imposibles de igualar por la gente de la zona, y en muchos casos pagan por adelantado el monto total. Eso es un doble negocio fantástico: para el productor, porque se asegura enormes extensiones del suelo más rico del país, y para el Estado, porque obtiene el pago de una sola vez”, explica Mariano Bondone, presidente de la filial Bell Ville de la Federación Agraria. “Para que se tenga una idea del volumen de producción que se concentra en pocas manos en esos terrenos, basta decir que estos productores, por ejemplo, no van a recibir las compensaciones de las que habla el Gobierno ahora. Muchos de estos campos han sido alquilados por los Grobocopatel (uno de los principales grupos agropecuarios) entre 2004 y 2005, y ahora están en manos de Cresud, bajo distintas denominaciones”, señala. Cresud es el grupo inversor controlado por el magnate húngaro-estadounidense George Soros, y es uno de los gigantes del mercado agropecuario contra los que el Gobierno dice luchar.
Otra firma que controla grandes extensiones pertenecientes al Ejército –según informaron desde Federación Agraria– es “Marca Líquida”, un fondo de inversiones de la ciudad de Córdoba.
Doble contradicción. “En el caso de los campos de Ordóñez, la contradicción es doble: además de que el Estado mismo aparece arrendando terrenos para soja, después de hablar pestes de este cultivo durante meses, se deja absolutamente afuera al pequeño y mediano productor”, señala el intendente de esa localidad cordobesa, Dardo Iturria. “La Presidenta ha dicho –explica– que quiere ayudar al productor chico, pero los campos de los que dispone para hacerlo se los da a los pools, y por otro lado, al arrendarlos para soja, confirma que las acusaciones realizadas contra los productores sojeros son falsas”.
Iturria es intendente desde 1999 por el partido Unión por Córdoba, el ala del justicialismo provincial liderada por Juan Schiaretti. Y no tiene dudas de que el reparto de los terrenos del Ejército es algo planificado. “Me cuesta creer que el secretario de Agricultura, por ejemplo, ignore lo que sucede en las tierras que posee el Estado. Hay un dato que sirve para ilustrar cómo la toma de decisión pasa muy lejos de aquí: desde hace tres años, la apertura de las ofertas de las licitaciones por estos campos se hace en Buenos Aires, y nosotros no sabemos con precisión a quién son adjudicadas”.
Y acá aparece otro de los fantasmas de la realidad sojera, tanto las autoridades como los productores de Ordóñez aseguran que los grandes pools utilizan diferentes firmas y figuras legales para quedarse con los terrenos. “Con la legislación actual, eso no es ilegal, pero habilita una forma de competencia desleal, que se da ante la vista gorda del Estado”, asegura Iturria.
Aunque en menor escala, en Entre Ríos la práctica se repite: el Estado también arrienda campos que pertenecen al Ejército para la siembra y cosecha de soja. Lo hace desde 2003. Actualmente, de hecho, está abierta la licitación para una extensión de 460 hectáreas. Aunque a simple vista no parezca una extensión descomunal, se trata de casi 500 campos de fútbol, ubicados en una de las zonas más fértiles de la mesopotamia argentina. Este campo pertenece al Haras General Urquiza, ubicado en la localidad de Arroyo Clé, en el departamento de Rosario del Tala, en el centro de la provincia. Y el adjudicatario dispondrá del terreno por un período agrícola completo.
Lo mismo sucede con otro campo de 155 hectáreas perteneciente a la misma unidad militar. Y existe además otro campo en alquiler, de 300 hectáreas, destinado a la siembra de trigo y luego de soja de segunda. “Este tipo de rotación de cultivos es habitual y apunta a la rentabilidad, como lo demuestra el propio Estado; por eso no se entiende que el Gobierno acuse al productor que decide sembrar soja”, aseguraron desde la Federación Agraria. Los productores de la zona dicen que en ese caso debería hablarse de la “oligarquía militar”.
En la provincia de Buenos Aires, las Fuerzas Armadas también disponen año a año el arrendamiento de parcelas pertenecientes al Haras General Lavalle, en la localidad de Tandil. Estos campos están ubicados en el cruce de las rutas provinciales 30 y 74, conforman un predio total de aproximadamente 2 mil hectáreas, y han sido históricamente utilizados para la cría de caballos para el Ejército. Allí también hoy hay parcelas sembradas con soja.
“Si se arriendan terrenos del Ejército, y en muchos casos a empresas tan vinculadas al Gobierno como pueden ser Los Grobo, alguien tendría que haberlo sabido, y por lo tanto deberían dar explicaciones”, aseguró el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi. “Es una contradicción –señaló– que se utilicen de ese modo terrenos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, en lugar de llevar adelante una colonización de esas tierras para ayudar a los pequeños productores.”
Desde que se desató la batalla por las retenciones, el Gobierno apeló como argumento para su política la necesidad de frenar la “sojización” del campo. Sin embargo, el Estado ha arrendado grandes extensiones pertenecientes a las Fuerzas Armadas, en su mayoría al Ejército. Muchas de ellas fueron alquiladas a grandes empresas agropecuarias, como los grupos Grobocopatel y Cresud, este último perteneciente al multimillonario George Soros. Además hay predios de aeródromos de la Aeronáutica que son destinados al mismo fin. La vinculación entre los militares y la actividad rural se extiende también a la ganadería.

Por Alfredo Ves Losada

http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0277/articulo.php?art=8492&ed=0277