La incertidumbre que generan los nuevos márgenes agrícolas llevará a que muchos productores decidan alquilar sus campos, con lo que aumentará la oferta de tierra.En una coyuntura de ajuste en el valor de los arrendamientos, los “pools” y las grandes empresas dispondrán de más condiciones para mantener su expansión.
En su afán por armar una ley a medida de la resolución 125, el Gobierno ha convertido al Congreso en un gran taller de prueba y error. Con la particularidad de que los cambios que introduce lejos están de corregir la principal equivocación que perciben los productores. Todo lo contrario. Siguen sin atenuar la magnitud de curva que determina la evolución de las retenciones y que le pone un techo al precio de los granos. Pero en su obligación por tener que introducirle modificaciones, el Gobierno también cayó en su propia incongruencia. Es que la versión ampliada del proyecto aprobado en Diputados se da de bruces contra los objetivos oficiales que el 11 de marzo justificaron la existencia de la polémica medida: combatir a los pools de siembra y reducir lo que sus precursores dieron en llamar el proceso de "sojización". Más tierra para alquilar. Tal como está concebida, la pieza legislativa tiene todos los componentes para favorecer a la concentración de tierra y ratificar a la soja como "el cultivo" nacional. En un escenario de costos de producción crecientes y precios planchados, por acción de la movilidad del impuesto, muchos propietarios de establecimientos medianos –entre 400 y 800 hectáreas– no descartan la alternativa de retirarse de la agricultura y alquilar sus establecimientos. Con esta decisión, a la oferta ya existente de tierra (campos chicos y grandes) se le sumará la disponibilidad de una nueva escala. En esta campaña, cuando por la acción de los menores márgenes agrícolas baje el valor de los arrendamientos, los pools, fideicomisos y grandes empresas dispondrán de las condiciones para mantener su estrategia de expansión. Un ejemplo de que el actual marco legal no protege a los pequeños productores, como aseguran desde el Gobierno. Soja, la primera opción. La idea de insistir con las compensaciones como mecanismo para beneficiar a los productores medianos que produzcan hasta 1.500 toneladas de soja o girasol, también se queda a mitad de camino. Son requisitos ineludibles que el productor sea propietario de su establecimiento y "declare bajo juramento que el tonelaje efectivamente producido y comercializado no supere las 1.500 toneladas" con ambos cultivos. Más allá de las dificultades para encuadrar dentro de las exigencias, el sistema de reintegros deja de lado al maíz y al trigo, dos cultivos estratégicos dentro de la rotación agrícola sustentable. Excluidos ambos cereales de los incentivos, la oleaginosa sigue acumulando preferencias. Con una caída en la superficie con trigo en la provincia de más de 20 por ciento, el lugar que no ocuparán las espigas lo va a aprovechar la soja de primera implantación. Cereales postergados. Productores y asesores indican que la falta de estímulos a los cultivos de trigo y de maíz desnivelará la balanza agrícola. Para colmo, la decisión inicial del 11 de marzo de reducir el valor de las retenciones para ambos cereales fue neutralizada por la suba de sus costos, por el precio FOB del maíz y por la intervención del Gobierno en el mercado triguero. Hoy el maíz, además de soportar un aumento en el gasto directo del 60 por ciento tributa una retención del 33 por ciento, muy por encima de los 24,2 por ciento que había anunciado el Gobierno hace tres meses. En el caso del trigo, la situación no es muy diferente. El costo del cereal se encareció hasta 120 por ciento en la zona núcleo y no hay perspectiva de precio a cosecha, debido a que el Gobierno mantiene cerrada la exportación. Sólo por esta circunstancia su retención es hoy más baja que el 11 de marzo (26,8 por ciento contra 27,2 por ciento con el que hizo su debut la resolución 125). Mientras los productores hacen los números para ver cómo van a encarar la siembra de granos gruesos, se suman voces críticas a los cambios introducidos por Diputados en el proyecto oficial. La Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), entidad que agrupa a los productores de punta y que cultiva un bajo perfil de exposición pública, se expresó sobre la nocividad de sus efectos. Sostiene que además de disminuir los precios de los granos, aumentará el riesgo del negocio agrícola, provocará ventas masivas en plena cosecha y le quitará recursos al interior.
La Voz del Interior
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